Serie de artículos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Serie de artículos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

“INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL”

 

Iniciamos una sería de artículos relativos a Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, tema de total actualidad sobre el que actualmente se están vertiendo ríos de tinta, sobre el que nosotros vamos a tratar de contribuir a entender dicha materia con una labor didáctica y simplificada, de forma que, empezando por los aspectos eminentemente jurídicos y conceptuales, llegaremos hasta aquellos otros de carácter práctico que son los relativos no solo a las características y contenidos que en las empresas se exige a los Sistemas de Gestión para la Prevención de Delitos, Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Penal, sino también, a realizar un acercamiento sobre cómo conseguir que dichos sistemas tengan el contenido adecuado para lograr que estos sirvan de cara a prevenir la comisión de delitos en el ámbito de la empresa, aspecto esencial que debe estar en su ADN, y por ende lograr su máxima eficacia, lo que redundaría en la exención de responsabilidad para la empresa. Nuestra meta no es la redacción de un tratado sobre esta materia, sino la de ir introduciendo aspectos relacionados con la misma que nosotros mismos hemos ido encontrando durante el proceso de su estudio, hasta la puesta a disposición de nuestros clientes de dichos Programas de Cumplimiento para su implantación en las empresas, de modo que esto pueda servir para ir dando luz.

 

La reciente circular 1/2016 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas publicada por la Fiscalía General del Estado en el pasado mes de Enero, trata de aclarar todos aquellos aspectos incorporados al ordenamiento jurídico español desde la entrada Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio por la que se  introdujo la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, fruto del incesante proceso de armonización internacional del Derecho Penal, que ha sido completada con la reforma que incorpora la LO 1/2015 , de gran calado y básica por los contenidos que incorpora en nuestro derecho penal.

 

La circular aborda todos aquellos temas esenciales que deberán ser tenidos muy en cuenta, no solo a la hora de conocer y tratar la materia, sino también a la hora de implantar en las organizaciones los Sistemas de Gestión para la Prevención de Delitos.

 

Iniciamos nuestra serie de artículos con un aspecto que resulta básico y sustancial en la génesis de esta materia. Se trata del modelo que el Código Penal otorga a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, esencial si tenemos en cuenta que será este el que establezca el fundamento de la imputación de la persona jurídica. El legislador español,  ha optado por una responsabilidad denominada vicarial o por transferencia, lo que supone que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos no por ellas mismas, sino por personas físicas, atribuyéndola a la persona jurídica en virtud de un hecho de conexión (transferencia) dicha responsabilidad Penal,  consistente en el previo delito cometido por la persona en su nombre o por cuenta de ella y con un beneficio directo o indirecto para esta. Por lo tanto, será ese delito de la persona física la referencia de la imputación de la persona jurídica.

 

Esta interpretación es, por otra parte, plenamente conforme con el tenor literal de las correspondientes Decisiones Marco y Directivas que sectorialmente regulan las materias para las que se prevé la responsabilidad de las personas jurídicas y que invariablemente se refieren a que estas puedan ser consideradas responsables cuando una persona física ya sea administradora, o trabajadora de la empresa, realice una conducta delictiva y exista una falta u omisión de supervisión o control por parte de  la empresa a través de los Sistemas de Cumplimiento ahora exigidos.

 

Dicho lo cual, si el fundamento de la imputación es la defectuosa organización societaria y esta se configura como elemento del tipo o define su culpabilidad, parece lógico que en el caso de que exista una investigación judicial por una actividad o hecho cometido en el ámbito de la empresa y que sea presuntamente delictivo, para incurrir ésta en una responsabilidad penal, se deba de probar, además de la comisión del delito por las personas físicas referidas anteriormente, que la empresa haya omitido la debida supervisión y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

 

A partir de dicha génesis, a priori sencilla, se ha conformado por nuestro derecho la regulación normativa en materia de Sistemas de Cumplimiento tendente a prevenir la comisión de delitos en el ámbito de la empresa, todo ello a través de la implantación en estas de Sistemas de Gestión para la Prevención de Delitos que sean “eficaces”… tema realmente complejo que iremos desgranando como lograrlo.

 

IGNACIO ADARO GARCÍA

Abogado

Socio Director del Área Jurídica de Excell Developments.

Socio de EXMON Consultores JV.

 

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