PYME vs COMPLIANCE PENAL.

Todo empresario, en algún momento de reflexión sosegada sobre lo que puede ser útil para su empresa, se ha habrá dado de bruces con el llamado Compliance Penal. Se habrá hecho preguntas sobre lo que es, para qué sirve, su necesidad, su puesta en marcha. El dilema suele llegar siempre a la misma conclusión; “eso no es lo que ahora ocupa”. Sin embargo, es algo que no conviene pasar por alto. Si el día de mañana fuera necesario  recurrir a estos Sistemas, no cabrían soluciones mágicas e instantáneas para salvar la papeleta, por lo que resulta recomendable tenerlos presentes. Empecemos por el final, por sus beneficios que son obvios; su implantación supone  apostar por aspectos como la continuidad de la empresa(una multa de las contempladas en el Código Penal nos puede borrar del mapa), la optimización de la organización interna, la defensa de su patrimonio (por el mismo motivo en el caso de multa) o la reputación; su tenencia abre vías para la contratación privada con empresas multinacionales, las cuales ya los están solicitando a proveedores y colaboradores como condición para contratar; o para la contratación pública, si tenemos en cuenta que una condena penal a una empresa activa automáticamente la prohibición de contratar con la administración,  dejándola fuera de juego para tal fin. Desde una  óptica estrictamente penal, se logran los beneficios de la denominada justicia premial (eximentes o atenuantes), abriéndose líneas de defensa muy favorables para el caso de cometerse un hecho delictivo en el ejercicio de la actividad. Las condenas, además de multas, pueden acarrear penas como la suspensión temporal de actividad o la inhabilitación para...

El Real decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo y el registro de la jornada de trabajo

No es éste, para nada un tema nuevo. Ya la Audiencia Nacional, en sentencia de 6 de mayo de 2016, falló en relación a la obligación de las empresas de registrar, día a día, la jornada de los trabajadores. No obstante, dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo, por otra de fecha 23 de marzo de 2017, en la que, si bien se declaraba que no había obligación de llevar un registro de jornada, sólo un registro de horas extras, se apuntaba por el Alto Tribunal la conveniencia de una reforma legislativa clarificadora. Textualmente, se decía: “El establecimiento de un modelo de control horario es un proceso complejo que debe ser negociado con los sindicatos y contemplar todas las variantes de cumplimiento horario existentes: trabajo fuera del centro; distribución irregular de jornada, …, no se trata simplemente de registrar la entrada y la salida”. También hacía mención a que, la creación de un registro de este tipo, requería una regulación más profunda por el tema de la protección de datos (especialmente por la normativa europea). Pues bien, a pesar de la advertencia del Tribunal Supremo sobre la complejidad de este asunto, uno de los 32 decretos leyes (de esta legislatura “de la primera moción de censura exitosa” y con las elecciones generales en puertas) acomete de forma superficial el tema de la jornada y sus límites, calificando la materia de “extraordinaria y urgente necesidad”, para poder utilizar dicha vía y obligar desde el próximo 12 de mayo a las empresas a tener un registro de jornada, considerando falta grave en materia de relaciones laborales, desde ese momento, su...

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

  Una oportunidad para las empresas para afrontar su digitalización con seguridad.   Como inicio de este artículo, me gustaría darle importancia a la idea sobre la cual gira el mismo al completo: La información y los datos que maneja una empresa, es uno de sus mayores activos y este debe ser protegido de la mejor manera posible teniendo en cuenta las tecnologías utilizadas para su tratamiento. A estas alturas, ya casi todas las organizaciones son conocedoras de la nueva normativa que afecta a la protección de los datos personales. Existe infinidad de información acerca del Reglamento General de Protección de Datos, además de la recientemente aprobada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Ahora bien, hay un cierto desconocimiento en cuanto al modo en el que las empresas deben adecuarse a dicha normativa. Gran parte del problema reside en una falta generalizada de cultura de cumplimiento normativo, sobre todo cuando se trata de asuntos que se consideran tangenciales a la actividad de las organizaciones y que, en muchos casos, lo vemos más como un imperativo legal que como una oportunidad para la empresa. Además, la anterior Ley Orgánica de Protección de Datos, de 1999, no tenía en cuenta el desarrollo digital en el que estamos inmersos ahora, donde las organizaciones están obligadas a digitalizarse para seguir siendo competitivas. Con la nueva normativa, pasamos a modelos de gestión muy específicos para cada empresa que, además de ayudar a la organización a cumplir con lo especificado en relación a la protección de los datos personales que ésta trata, nos obliga...
Introducción a la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

Introducción a la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

El pasado 7 de diciembre, entró en vigor, definitivamente, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La misma, tiene como objetivo el adaptar el ordenamiento español al Reglamento General de Protección de Datos, aprobado el pasado 25 de mayo de este mismo año. Además, incorpora una novedad muy importante, ya definida en su título y en el art. 1b, que es garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. A este efecto se destinan nada menos que 19 artículos de esta ley, dejando clara la importancia que tiene la regulación de la parte digital del tratamiento de datos personales, entendiendo que, cada vez más, los medios que se van a utilizar para estos tratamientos son y serán digitales. Por eso, cada día más, cobra especial importancia la ciberseguridad en las organizaciones, dado que es la principal fuente de amenazas. De hecho, destina todo el Título X a desarrollar el catálogo de derechos digitales. Se hace hincapié en la necesidad de reforzar la formación en materias TIC, tanto para alumnos, como para profesores (competencias digitales), de modo que podamos estar preparados para afrontar el futuro que ya está aquí. Por otro lado, retoma todos aquellos puntos referentes a la legitimación, alcance e información en los tratamientos de datos personales, así como del ejercicio de los derechos de los interesados, sin introducir novedades con respecto a lo ya establecido en el Reglamento General, excepto en la edad legal para poder prestar el consentimiento explícito, que se fija en los 14 años. Se trata por tanto de simplificar y hacer...

Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Aprobación, entrada en vigor y principales cambios.

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)   El pasado 1 de abril de 2016 se ha aprobado el nuevo Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos Personales. Este Reglamento entrará en vigor definitivamente el próximo 25 de mayo de 2018, una vez finalice el periodo de adaptación que se ha otorgado. Este nuevo y esperado reglamento, tiene tres objetivos muy claros: Unificar las normativas existentes en los países miembros de la Unión Europea, en la que conviven infinidad de normativas dispares. Que los países no miembros de la Unión Europea, pero que operen en la misma, cumplan con la normativa establecida para los países miembros de manera que no se vulneren los derechos de los ciudadanos europeos. El tercer objetivo que se trata de cubrir con el nuevo Reglamento, es la adaptación a los nuevos cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y que tienen que ver, sobremanera, con la evolución de la tecnología y de los hábitos de comunicación de los usuarios, cada vez más expuestos por la introducción del Internet de las cosas. En el caso de España, el nuevo Reglamento sustituirá a la actual LOPD, aprobada en el año 1999 y al Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, normativas que, por el alto desarrollo de la tecnología, redes sociales y modo de compartir la...
Proceso de ajustes y concreción sobre la reforma introducida por la LO 1/2015

Proceso de ajustes y concreción sobre la reforma introducida por la LO 1/2015

Este artículo analiza el proceso de ajustes y concreción sobre la reforma introducida por la LO 1/2015, que incorpora y concreta entre otros, nuevos aspectos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La circular de la fiscalía General del Estado 1/2016 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, vino a poner orden sobre todos aquellos aspectos incorporados al ordenamiento jurídico español desde la entrada Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio por la que se incorpora la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, todo ello fruto del incesante proceso de armonización internacional del Derecho Penal, el cual ha sido completado a nivel estatal con la reforma que incorpora la LO 1/2015, de gran calado en esta materia y básica por los contenidos que incorpora en nuestro derecho penal. Día a día, doctrinal y jurisprudencialmente, asistimos a un paulatino proceso de concreción y ajustes de aspectos procesales y conceptuales que van marcando la pauta en cuanto a la correcta conceptualización sobre la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas y los denominados Planes de Prevención de Delitos o Compliance Penal. 1. Entidades afectadas por la regulación La reforma en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas afecta a todas las sociedades particulares, es decir, a las sociedades mercantiles (sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades unipersonales, sociedades laborales —tanto anónimas como limitadas—, cooperativas y mutuas) y a las corporaciones, asociaciones, fundaciones, cámaras de comercio y colegios profesionales. Aquellas entidades que no tengan personalidad jurídica (comunidad de bienes o UTE) no están obligadas por los contenidos de dicha reforma. 2. Conductas generadoras de la responsabilidad penal La responsabilidad penal a la...